La decisión de la Corte Constitucional de mantener vigente la “ley Zidres”, condicionándola a algunos cambios, ha suscitado expectativas sobre lo que será el campo colombiano de cara a un proceso de paz que hasta ahora empieza a implementarse. En entrevista con el Observatorio de Tierras, Albert Berry, economista de la Universidad de Toronto, Canadá, y director del programa para América Latina y el Caribe en el Centro de Estudios Internacionales de la misma Universidad, afirma que el tema de la asociación entre grandes y pequeños propietarios debe mirarse con lupa, pues en Colombia esto nunca ha sido fácil.
Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social plantean, en el fondo, una manera de entender y, por ende, impulsar el desarrollo rural en Colombia: la producción a gran escala. Sin embargo, pensar que la maximización de la producción agropecuaria solo se da con en unidades de producción grandes, es un error. Según Berry, un país debe optar por la agricultura familiar productiva, pues esta maximiza el Producto Interno Bruto; maximiza las oportunidades de empleo; contribuye a disminuir la desigualdad, de un Gini de 0.6 para Colombia; y evita la inundación del mercado de trabajo urbano. Es decir, potencia un desarrollo integral en comparación con la gran escala, que solo beneficia a quienes tienen el acceso a la tierra.
No obstante, el panorama en Colombia es complicado. El histórico acaparamiento de tierras, la concentración del poder y un entramado institucional poco eficiente para esclarecer derechos de propiedad, materiales y jurídicos, sobre un terreno, hacen de este modelo económico un proyecto muy lejano a la realidad colombiana.
No obstante, el Acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional puede constituir un inicio para transformar estructuras históricas de exclusión y marginalización de ciertos sectores de la población. Para lo cual se necesitan ciertos mecanismos, estipulados en los acuerdos, que permitan estimular la economía campesina, como la restitución de tierras, la compra, distribución y titulación positiva de la misma; blindar jurídica y materialmente las Zonas de Reservas Campesinas, Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios; y brindar asistencia técnica y adecuar la infraestructura.
