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El año 2015 inició dando continuidad a las amenazas a gestores, líderes comunitarios, sindicales y agrarios, funcionarios, defensores de derechos humanos y periodistas en Colombia (1).

 

En los últimos días, en la Costa Atlántica más de 40 personas fueron amenazadas con nombre propio. Así mismo, las personas que trabajan con diferentes organizaciones o entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos desde el liderazgo, el periodismo, o la política, fueron amenazadas de manera genérica.

La fuente de esas amenazas son las “Autodefensas Gaitanistas”,  “Ejército AntiRestitución” y las “Águilas Negras”. En todos los casos el universo de las personas amenazadas es diverso, a pesar de que cada uno de los panfletos se dirige a personas concretas, señaladas de pertenecer o apoyar a las guerrillas, y de pretender “lavarle el cerebro” a la ciudadanía. En estos panfletos han sido amenazados funcionarios locales, como un secretario del interior, dos directores territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras, periodistas, líderes agrarios, líderes de víctimas y restitución, senadores, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos políticos, miembros de la Coordinadora Nacional de Desplazados, líderes sociales y de opinión y representantes de las víctimas en los Diálogos de La Habana.

A pesar de llevar muchos años enfrentando esta problemática, las amenazas continúan. Para el caso de los líderes rurales, se trata de situaciones que frenan su trabajo con sus comunidades y los limitan en su movilidad, como mecanismo esencial de prevención. Por lo regular, las primeras medidas para enfrentarlas son propiciadas por la persona amenazada (traslados temporales o permanentes, cambio de teléfono, reducción de la actividad laboral relacionada con la amenaza). Por su parte las medidas que brinda el Estado tienen que ver más con acciones coyunturales, regularmente individuales y no colectivas. Estas medidas, aunque necesarias, resultan coyunturales y no transforman de manera radical los contextos de violencia que propician estos hechos.

Los elementos que podrían poner fin a estas situación, tienen que ver con la finalización del conflicto armado y la superación de la impunidad. Sin embargo, un tercer elemento necesario y fundamental, se refiere a la valoración social del rol de los defensores y líderes como constructores de paz como bien colectivo en el país.

Este es el testimonio de Jairo Barreto, uno de los líderes amenazados en la región de los Montes de María, a quien tuvimos el gusto de conocer durante nuestro trabajo en la zona. Él, como muchos de sus compañeros es heredero de una tradición de liderazgo que sueña y actúa por volver a ver a su región como un lugar próspero y en paz.

Por:

Belén Pardo Herrero

Paola García Reyes

El Carmen de Bolívar, 5 de febrero de 2015

 

(1) Según la ONG Somos Defensores, entre 2010 y 2014 fueron asesinados 283 defensores de derechos humanos en Colombia, 55 de estos asesinatos ocurrieron en 2014.

 

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