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Por Luis Enrique Ruiz González

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Imagen tomada de: www.restituciondetierras.gov.co

Hace unas de semanas el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, discutía en una columna en El Tiempo sobre las cifras y metas del proceso de restitución. Luego de describir algunos de los resultados que ha tenido hasta el momento la política de restitución, aseveraba que discutir las cifras obedecía a por lo menos dos motivos: desinformación o deseo de torpedear la política.

Sin ubicarse en ninguno de estos dos extremos mencionados, a continuación se pretende discutir los inconvenientes implícitos en los argumentos que brinda el director de la URT sobre el universo de posibles reclamantes, y sobre las metas que se pretenden alcanzar en el tiempo que queda de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

 

Las estimaciones del despojo y abandono

Menciona el director  que en el país hace carrera la idea de que en Colombia fueron despojados seis millones de hectáreas, 4 de ellas abandonadas forzosamente y 2 específicamente despojadas. La referencia a esa cifra, en el dicho de Sabogal, surge de una lectura apresurada de los datos de Garay y la Comisión de Seguimiento a la Política de Atención al Desplazamiento Forzado. Luego menciona la estimaciones de Ana María Ibáñez que calculó en 1.7 millones el número de hectáreas despojadas.

Sin ningún fundamento ni argumento adicional, el director de la URT concluye sin ambages que “el número de hectáreas por restituir está más alrededor de los 2 millones que de los 6 millones”.  Sabogal tal vez nos explique posteriormente por qué le parecen más adecuadas a la realidad las estimaciones de Ibáñez y no las de Garay.

Por ahora lo que si puede decirse es que no hay ningún argumento razonable que haga pensar que el total de hectáreas que fueron afectadas por despojo y abandono que deban ser atendidas por el proceso de restitución sea inferior a los cálculos de Ibáñez (1,7 millones de hectáreas). Ninguno de los estudios que realizan estimados o aproximaciones al problema del despojo o abandono de tierras ha conducido a una cifra inferior (Tabla 1), y la tarea de discutir cada uno de esos estudios pasa necesariamente por evaluar rigurosamente los supuestos en los que se basan, los ejercicios estadísticos que los soportan y las fuentes de las que se alimentan, entre otros. No simplemente señalarlas de “cifras irreales”.

Estudio

Cifras y estimados de hectáreas despojadas y abandonadas (en millones de hectáreas)

Periodo analizado

Garay Salamanca (dir.) (2011)

6,6

1980-2010 (jul)

Garay Salamanca (dir.) (2009)

5,5

Ibáñez, A. M., Moya, A. y Velásquez, A.M. (2006)

1,2

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (2007)

10

Contraloría General de la República (CGR)

2,9

Programa Mundial de Alimentos (PMA) (2001)

4

Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-(SINTRADIN).

4,4

Codhes

4,8

Acción Social – PPTP (2005)

6.8

Comisión de seguimiento y monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-CSML (2015)

7

1985-2013

Elaboración propia con base en Garay Salamanca (dir.) (2009), p. 45.

 

Optar sin fundamento por una u otra cifra no es más que un capricho.  En cambio, desconocer estas estimaciones y lo que han significado para fijar algo similar a las metas de restitución si evidencia un cambio del enfoque de una política adecuada y ambiciosa a una de mínimos y tímida.

 

La pelea con las “metas” del Conpes

Es inevitable mencionar las metas que se incluyeron en el Documento Conpes 3712 de 2011 que también referenció el director de la URT en su columna. Este Conpes incluye una metodología para estimar el universo de víctimas que iban a hacer objeto de todas las medidas de atención, asistencia y reparación (no solo de medidas de restitución) contempladas en la Ley 1448 de 2011. También mencionó las limitaciones de esa estimación: “las dificultades asociadas a determinar con precisión el universo de víctimas” que se enumeran en:

  •  Los registros de víctimas no abarcan el periodo que pretende cubrir la Ley 1448.

  • Las entidades que tienen información relevante para estimar el universo de víctimas no la acompañan de información que dé cuenta de que están relacionadas con el conflicto armado.

  • Las estimaciones hasta ese momento podían ser inexactas debido al desconocimiento de derechos por parte de las víctimas o la prevención a denunciar. (Importante factor que implicaría que el número de víctimas podría ser mayor, no menor a las estimaciones).

El Conpes reconocía que el universo podía ser mayor al estimado hasta ese momento, debido a que hay víctimas no registradas y a la existencia de víctimas futuras. Ambas circunstancias, como es previsible, aumentarían el número de potenciales beneficiarios de la política de atención integral a las víctimas, no lo reducirían.

El doctor Sabogal tiene razón en un punto. El universo estimado de víctimas producto de la metodología es de carácter indicativo, sujeto a verificación y actualización permanente, labor que le compete entre otras entidades a la URT. Aunque esto es cierto, en lo que se quiere hacer énfasis es que todos los supuestos que el mismo Conpes reconocía que podían causar el subregistro aún persisten y no existe un argumento razonable para pensar que las estimaciones actuales estén muy por encima del universo real de víctimas de despojo y abandono.

Frente a las medidas de restitución de tierras el Conpes calculaba en 360 mil las reclamaciones relacionadas con despojo de tierras tomando como fuente el RUPD y el RUPTA. De aquí se excluían 60 mil reclamaciones de tenedores o que se refieren a zonas no adjudicables con lo cual el estimado de reclamaciones de restitución sería de 300 mil.

Frente a esta cifra nos dicen desde la URT que era una cifra estimada y que las reclamaciones actuales muestran que solo hay 80 mil solicitudes y que esta es la meta de la Unidad: dar trámite, por lo menos en la etapa administrativa, a este número de solicitudes

 

¿Sabogal está tirando la toalla?

Las implicaciones de esta discusión sobre las metas de la restitución no son simples debates sobre números sino que tienen repercusiones de importancia en el alcance y en el cumplimiento adecuado y suficiente de los objetivos de la restitución.

Bien lo advertía el documento Conpes. Las autoridades encargadas de llevar registros que tengan que ver con la ejecución de las medidas de reparación debían verificar y actualizar permanentemente estos registros. Pero con la persistencia de todos los factores que conducen a un subregistro del número de solicitudes y de víctimas de despojo y abandono forzado es simplemente conformista que la meta de la Unidad sea atender administrativa las reclamaciones que ya se encuentran en trámite y no apuntar a aproximarse a las estimaciones iniciales de 300 mil reclamaciones.

Establecerse estas metas, además de obviar los problemas de subregistro, hace que la política no se preocupe por atender los factores que lo explican y de los cuales hay evidencia. Una encuesta aplicada por el Observatorio de Tierras, evidenció problemas como el desconocimiento de los derechos por parte de potenciales beneficiarios de la restitución o la existencia de condiciones de inseguridad y estabilidad de las víctimas, que los incentivan a no acercarse a reclamar. Tales factores y muchos más simplemente pasan desapercibidos por un enfoque de la política de restitución autocomplaciente.

La meta de atender la totalidad de reclamaciones que se encuentran en trámite (80 mil según Sabogal) evidencia el error de evaluar la política por referencia a sí misma. Se insiste en que antes que torpedear o desconocer lo avanzado por la política de restitución el llamado es a persistir en una política ambiciosa que abarque el verdadero universo de víctimas que se vieron obligadas a perder su tierra. El llamado es a no tirar la toalla.

 

 

Referencias

  • Acción Social-Programa de Protección de Tierras y Territorios. (2005). Diseño de una metodología participativa para la recolección de información y protección de bienes muebles. Bogotá.

  • Garay Salamanca, L. J. (2009). El reto ante la tragedia del desplazamiento forzado: Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, Bogotá.

  • Garay Salamanca, L. J. (2011). Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, Bogotá.

  • Ibáñez, A. M., Moya, A., & Velásquez, A. (2006). Hacia una política proactiva para la población desplazada. Bogotá.

  • Movimiento de víctimas de crimenes de Estado. (2007). Catastro alternativo, estrategia contra la impunidad y herramienta para la reparación integral. Bogotá.

  • Programa Mundial de Alimentos. (2001). Estudio de caso de las necesidades alimentarias de la población desplazada en Colombia. Bogotá.