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Por: Mónica Parada Hernández

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El lunes 22 de agosto, el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria realizó la charla “Reforma Rural Integral y Paz Territorial” en el Municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. Al evento asistieron miembros de la comunidad civil, el Concejo Municipal y de organizaciones sociales como el Colectivo Alto Ricaurte e Iguaque.

 

Los investigadores del Observatorio presentaron los principales elementos que contiene el punto 1 de la mesa de conversaciones: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, así como las implicaciones de la inclusión del enfoque de género en este acuerdo.

 

Alrededor de la discusión, se generaron preguntas sobre los retos que tiene el Estado colombiano para cumplir con lo acordado. Existe una preocupación generalizada por cómo se van a financiar los programas que se proponen y cómo proteger los recursos de la corrupción. Ante esto, las comunidades y los investigadores coincidieron en que una forma efectiva de reducir la corrupción es a través de la participación ciudadana. Esto implica que las comunidades deben hacerse presentes en todos los procesos de diseño, ejecución y monitoreo de políticas, planes y programas orientados a la materialización de la Reforma Rural Integral (RRI). Asimismo, se requiere fortalecer los espacios de participación ya existentes y, de ser necesario, crear unos espacios nuevos que permitan que sectores diversos de la sociedad puedan participar.

 

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la forma en la que se va a nutrir el Fondo de Tierras. De acuerdo con lo pactado por el Gobierno y las FARC, el Fondo estará conformado por tierras baldías, tierras provenientes de la extinción judicial y administrativa de dominio, de los baldíos indebidamente apropiados y recuperados por el Estado, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de reservas forestales, tierras expropiadas o adquiridas por motivos de interés público y tierras donadas. Sin embargo, existe la preocupación por la incertidumbre que tiene el país en cuanto a la cantidad de terrenos baldíos disponibles, la ausencia de un catastro actualizado, así como los altos niveles de informalidad.

 

Una última preocupación tiene que ver con la necesidad de pensar en mecanismos innovadores para que el contenido de los acuerdos llegue a las zonas más alejadas y en las que el acceso a medios de comunicación masivos es precario. Los participantes llamaron la atención sobre la obligación que tiene el gobierno de hacer llegar los acuerdos y fomentar la participación ciudadana en los territorios. Sin embargo, también reconocieron el papel de los individuos como replicadores de dichos acuerdos, adquiriendo el compromiso de convertirse en puentes para la divulgación de los acuerdos.

 

Al finalizar el evento, miembros del Colectivo del Alto Ricaurte e Iguaque presentaron su preocupación por las amenazas contra el Movimiento por el Agua y la Vida en Gachantivá, liderado por mujeres de la región, que ha trabajado por la conservación del medio ambiente y son un ejemplo de resistencia de la explotación minero energética en la región del Alto Ricaurte.  

 

Esta denuncia abrió la discusión sobre la importancia de garantizar la seguridad de los líderes y lideresas sociales, y la libertad de ejercicio de las funciones de veeduría y control de las instituciones por parte de la sociedad civil.  

Agradecemos a Fernando Cordovez, gestor del espacio Encuentros de Paz, por abrir el espacio para la discusión de los acuerdos de la Habana.