Amenazas que ya no mojan la prensa

AMENAZAS QUE YA NO MOJAN LA PRENSA

Por: Francy Carranza

Investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

22 de Octubre 2015

En marzo de 2013, 54 jueces y magistrados especializados en Restitución de Tierras se unieron para denunciar las amenazas que habían recibido, y mediante una carta al Presidente Santos solicitaron la implementación de medidas de seguridad para ellos y sus familias[i]. Un año después, en marzo de 2014, los tres jueces de restitución que trabajaban en Buga fueron amenazados[ii]. En septiembre de 2015, hace sólo un par de semanas, un juez de restitución en Santa Marta recibió una corona fúnebre, como una reafirmación a las tres amenazas de muerte que ha recibido anteriormente[iii]. Como si fuera poco, las condiciones para la realización de su trabajo son precarias: hacinamiento en las oficinas, falta de personal y dificultades para las visitas a campo son sólo algunos de los problemas que viven diariamente.

Estos problemas no son exclusivos de los jueces de restitución: hace unas semanas una jueza encargada de los delitos de narcotráfico, paramilitarismo y bandas criminales, debió trasladar su despacho al Comando de Policía porque siempre que programaba las audiencias en contra de las Bacrim, el edificio de los juzgados era amenazado de bomba. Esto además de continuas amenazas en contra de la valiente jueza y sus funcionarios y de innumerables problemas para realizar su gestión.

Lamentablemente, impartir justicia en Colombia ha sido una actividad tradicionalmente peligrosa e innumerables jueces y funcionarios de la rama judicial han caído víctimas de todos los bandos. Cuando el proceso de restitución de tierras inició en el 2011 con la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, era de esperar la reacción violenta de aquellos que habían orquestado el despojo: a quienes perpetraron y se beneficiaron de las masacres y desplazamiento masivo de campesinos y comunidades étnicas no les iba a temblar la mano para impedir la acción de la justicia, y mucho menos para sabotear las restituciones. También eran previsibles las dificultades de implementar la ley en medio del conflicto y en zonas controladas aún por grupos armados y bandas criminales. Entonces ¿por qué los jueces siguen trabajando con las uñas, amenazados y con esquemas de protección crónicamente ineficientes? No sólo se cometen los mismos errores una y otra vez, sino que pareciera que se le ponen trabas a la restitución en particular y la administración de justicia en general.

Pero aún más preocupante es que ante las denuncias y solicitudes de los jueces, los organismos de protección actúan a la defensiva: luego que la carta al Presidente Santos fuera comentada en Semana, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de ese entonces manifestó en una entrevista para El Tiempo que no había ninguna amenaza y que la seguridad brindada a los jueces era meramente preventiva[iv]. Un año después, luego de que las amenazas en Buga fueran denunciadas por El Espectador, la misma UNP fue rápida en sacar un comunicado describiendo someramente los esquemas de protección colectiva que se estaban brindando: según ellos, los 55 funcionarios que trabajaban en el tema restitución recibían seguridad de un equipo formado por 51 hombres y 25 carros blindados[v]. Pero las amenazas ocurridas en el 2015 ni siquiera han hecho noticia en la prensa. Solamente el portal de Verdad Abierta publicó este año una nota de las amenazas a los jueces de restitución de tierras en Quibó, Urabá, Valledupar y Santa Marta[vi].

La UNP no toma en cuenta que las amenazas no se denuncian justamente por miedo y desconfianza, pero además, que las cifras y acciones que presenta son claramente insuficientes: en efecto se realizan estudios para determinar qué tanto riesgo corre el funcionario y si se determina un riesgo extraordinario, se monta un esquema de protección individual. Sin embargo, estos estudios pueden demorar meses y ser altamente inefectivos: a la juez amenazada por las Bacrim le han demorado el estudio seis meses y al juez de restitución en Santa Marta ya le han hecho cinco estudios que llegan al mismo resultado: se confirma el riesgo extraordinario, pero aún así no ha sido posible que le coloquen protección individual.

Es más, lo normal es que los jueces estén sujetos a esquemas de protección que rozan en el cinismo: Para los esquemas de protección colectiva sólo hay un carro blindado para cada tres jueces, mientras que los esquemas de protección individual se limitan a chalecos antibalas, teléfonos avanteles y carros blindados cuyos conductores solo trabajan en horario de oficina: entre semana de 8 a 12 y de 2 a 6. En otras palabras, los jueces deben turnarse la seguridad y pedirle a los sicarios que marquen tarjeta. Además, de poco sirven estas medidas en los lugares en donde ellos trabajan, que es justamente las zonas más difíciles de la geografía nacional: intente usted meter un carro blindado en donde no hay carretera o usar un chaleco antibalas en el calor de la costa.

Si la diatriba sobre la falta del Estado como causa de la violencia fuese cierta, justamente se debería proteger a aquellos que intentan llevar justicia a las zonas más alejadas y más afectadas por la violencia. Claramente hay mucho dinero invertido en la UNP, entonces ¿por qué su ineficiencia? Pues porque debería haber una política de seguridad para los jueces que vaya más allá de reacciones individuales y desarticuladas frente a las amenazas. También cabe preguntar, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la provisión de seguridad a la población en general en las zonas en donde se hace la restitución? ¿Por qué los reclamantes de tierras siguen siendo amenazados y asesinados? La protección de los jueces es solamente la puerta de entrada a garantizar la seguridad a las comunidades que viven en esas zonas y que, con todo derecho, reclaman  tierras, condiciones dignas de trabajo y protección por parte del ejército y la policía.

Notas

[i]Semana. Crecen amenazas contra jueces de restitución de tierras, 23 Marzo 2013.

[ii] El Espectador. Jueces de restitución de tierras siguen en riesgo de muerte, 1 Marzo 2014.

[iii]El Observatorio se encuentra realizando trabajo de campo en esa zona y habló con varios jueces amenazados.

[iv] El Tiempo. Según Gobierno, no hay ningún juez de tierras amenazado, 25 Marzo 2013

[v]http://www.unp.gov.co/Documents/Comunicados/COMUNICADO_ESPECTADOR.pdf

[vi] Verdad Abierta. La dura realidad de los jueces de restitución, 5 Agosto 2015