Líder rural: profesión de alto riesgo

En el marco de la política de restitución, desestimar el vínculo entre regulación de derechos de propiedad agraria  y liderazgos rurales es un craso error: el riesgo de los líderes y lideresas es grave y requiere respuestas efectivas por parte del Estado. Sorprende que no exista un conteo serio, fiable y verificable sobre ataques letales u otras violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas relacionados con luchas agrarias y reclamación de  tierras. 

La ausencia de tal conteo es en sí misma una falla estatal que,  naturalmente pone en peligro el proceso de restitución como tal.

LÍDER RURAL: PROFESIÓN DE ALTO RIESGO

Mientras en tiempos de paz, el Estado colombiano no logró a través sus políticas una redistribución de la propiedad de la tierra; durante  los últimos treinta años de conflicto armado, el país asistió a lo que Reyes Posada denomina “una verdadera contra-reforma agraria”, cuya principal característica ha sido  la redistribución negativa de la propiedad rural.

Hay por lo menos 5 elementos que vale la pena resaltar de este fenómeno de transferencia masiva de activos rurales:

1. En gran medida, estuvo mediada o facilitada por la coerción, combinando mecanismos de mercado que, tienen mayores niveles de continuidad dependiendo de los actores (Uribe, 2014; Gutiérrez Sanín, 2014)

2. El fenómeno afectó especialmente zonas marginales y de colonización y se tradujo especialmente en el traspaso de activos rurales de personas muy pobres hacia aquellas menos pobres y ricas, lo que inevitablemente aumentó los niveles de desigualdad sobre la tierra. (Ibáñez & Muñoz 2012)

3. Aunque se dio en medio del conflicto, no se explica solo como causa de éste. La inequitativa distribución de los activos rurales en Colombia es un problema que data desde incluso antes de la creación de la República (LeGrand, 1998)y que, valga decir,  se afianzó con los diseños institucionales de definición y asignación de derechos de propiedad rural.

4. lejos de poder verse como un fenómeno homogéneo, el  despojo y abandono forzado de tierras, tiene marcados tintes  regionales y locales, con actores, intencionalidades y mecanismos diferenciados. (Gutiérrez Sanín, 2014)

5. Esa transferencia masiva y vertiginosa tiene un innegable tinte criminal: vía coerción, millones de campesinos han sido expulsados forzosamente de su territorio (Garay, 2010) y  han sido despojados (por las vías de hecho y del derecho). Centenares han sido asesinados, masacrados y  desaparecidos. . Con todo y la sanción de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la coerción sigue teniendo niveles importantes (ver gráficos 1, 2 y 3) 

Fuente: RNI-Red Nacional: en http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes; fecha de corte 1 de marzo de 2014, Consultadas el 11 de abril de 2013 – procesado ORDPA

La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de tierras, abrió una ventana para reversar el acaparamiento de tierras y la desposesión vía  despojo y abandono forzado y por tal motivo es de especial trascendencia, no solo  política, sino moral.

La  implementación de la política de restitución se ha enfrentado a problemas de distinta índole los cuales han sido señalados, en diversos términos – y con mayor o menor rigurosidad- por sectores de la academia (Gutiérrez Sanín, 2013), el Ministerio Público (2014), ONG nacionales e internacionales (Human Rights Watch, 2013; Comisión Colombiana de Juristas, 2013; Forjando Futuros & Fundación Paz & Reconciliación, 2014). Con independencia de las distancias que intelectuales, gobernantes y funcionarios públicos puedan tener de estos informes, lo cierto es que los diseños necesitan ser revisados, pues la restitución reviste total trascendencia para la el país en términos de justicia social, desarrollo, reparación y, por supuesto, de paz.

Quiere destacarse aquí que, justamente uno de los problemas a los que se enfrenta la restitución es  la capacidad de los actores violentos y de  las coaliciones pro-despojo de generar violencia como mecanismo de oposición a los procesos redistributivos de la propiedad agraria.

En el marco de la política de restitución, desestimar el vínculo entre regulación de derechos de propiedad agraria  y liderazgos rurales es un craso error: el riesgo de los líderes y lideresas es grave y requiere respuestas efectivas por parte del Estado. Sorprende que no exista un conteo serio, fiable y verificable sobre ataques letales u otras violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas relacionados con reclamaciones de tierras.

La ausencia de tal conteo es como tal una falla estatal, la cual implica una invisibilización de las víctimas, y a su vez constituye un factor ulterior de vulnerabilidad. Y, naturalmente, pone en peligro el proceso de restitución como tal. La falta de garantías para que las víctimas del despojo de tierras puedan ejercer el liderazgo político desde sus organizaciones e incluso sean voceros o representantes en escenarios creados por el estado, afecta la viabilidad del proceso de restitución e impide que nuevas personas presenten sus demandas, por dos vías. La primera, la violencia letal busca intimidar, desestructura los procesos organizativos y echa para atrás los intentos de restitución jurídica, administrativa y material. La segunda, la decisión de microfocalizar las zonas en las que se van a implementar aspectos importantes de la política, como la restitución de tierras, está directamente relacionada con las condiciones de seguridad existentes en los territorios (Vargas, 2014).

Por medio del trabajo interdisciplinario, el Observatorio ha desarrollado un Sistema de Riesgo de Ataques-SAR que emite alertas sobre riesgos de violencia letal contra poblaciones campesinas y líderes sociales, así como sobre fallas eminentes de regulación del Estado. Es en el marco de éste que se plantea como tarea de enorme significación social construir un conteo y un seguimiento fiables y verificables sobre ataques letales a líderes y lideresas relacionados con reclamaciones de tierras.

Ver nota sobre LUZ MERY PANCHE, INDÍGENA NASA, EN LA ACTUALIDAD CONTRATISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Documentos de Interés 

• Despojo y restitución. Estrategias de restitución y estrategias de seguridad  – Alejandro Reyes Posada

• Líderes de restitución y seguridad – Alejandro Reyes Posada

Referencias Bibliográficas

• Comisión Colombiana de Juristas. (2013). II Informe sobre el proceso de restitución de tierras en Colombia. Bogotá.
• Gutiérrez Sanín, F. (2013). Un trancón fenomenal. Un análisis de las demoras en el proceso de restitución. Bogotá.
• Gutiérrez Sanín, F. (2014). Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar. Estudios Socio-Jurídicos, 43-75.
• Human Rights Watch. (2013). El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia. Nueva York.
• Ibáñez y Muñoz (2012). “La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿qué pasó entre 2000 y 2009?”; en:[[Bergsmo, M.; Rodríguez, C.;Kalmanovitz, P.ySaffon, M.(eds)]] (2012), Justicia Distributiva en Sociedades en transición, Oslo: TorkelOpsahlAcademicEPublisher, Oslo, 2012, pp. 301-328.
• LeGrand, Catherine (1998). Colonización y Protesta Campesina en Colombia (1850-1950). (1ª ed.). Bogotá: Editorial Universidad Nacional.
• Uribe, S. (2014). Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. El caso de Tibú, Norte de Santander (2000-2010). Estudios Socio-Jurídicos, 245-288.
• Vargas, J. (2014). Análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las víctimas en Colombia: antes y después de la Ley 1448 de 2011. Estudios Socio-Jurídicos, 167-208.