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Este es un espacio de discusión sobre los temas que generan controversia al rededor del campo colombiano. Aquí encontrará opiniones y análisis que desde el Observatorio de Restitución de Tierras y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, y sus aliados, nos hemos planteado para contribuir con el conocimiento concerniente a la realidad del sector rural en Colombia.

Diálogos de paz

En septiembre de 2012 se dio inicio, oficialmente, a los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Intensas conversaciones que culminaron, después de cuatro años, con un Acuerdo Final que fue refrendado por el Congreso en diciembre de 2016. Acuerdo que para el coordinador del Cinep (Centro de investigación y Educación Popular), Fernán González, constituye un proceso de construcción del Estado[1]. Particularmente, en lo que se refiere al primer punto, "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral", el Acuerdo plantea transformar la distribución desigual de la tierra, atacando las problemáticas de acceso y formalización de la misma. Este punto reconoce las necesidades de las poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres rurales, y por ende, dirige sus acciones a mejorar y transformar las condiciones que han generado, potenciado y permitido la erosión del conflicto. No obstante, su implementación no está exenta de obstáculos, críticas y escepticismos que vale la pena analizar. Los artículos, notas y entrevistas aquí desplegados dan cuenta de las problemáticas que presenta el Acuerdo en la actual coyuntura social, política y económica, las inconsistencias que este mismo presenta y, asimismo, resaltan sus aspectos positivos. Sin duda, y sin dejar de lado las asperezas que pueda traer este proceso, los diálogos de paz con los actores armados de este país constituyen un hito histórico que hay que evaluar con lupa.

La tierra y la paz: ni contigo ni sin ti

La relación entre los problemas rurales y el conflicto armado ha sido ampliamente debatido en la academia, aún así no parece ser un pilar de la política pública. Leer más

Lupa al proyecto de ley de tierras

El proyecto de ley que adelanta el gobierno para "darle vida" al primer punto del Acuerdo de La Habana es bastante cuestionable. Lea aquí el análisis de nuestra coordinadora e investigadora principal.

Restitución de tierras

En 2011, el gobierno nacional expidió la ley 1448, más conocida como la "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras", "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno"[2]. Más que un simple decreto gubernamental, y como lo plantea Sierra Porto[3], la restitución se constituye como un derecho fundamental que tiene toda víctima del desplazamiento forzado, al ser privada de sus derechos y los de su propiedad en el marco del conflicto armado, para recuperar y mejorar sus condiciones de vida. A pesar de sus intenciones y el tiempo de funcionamiento, las cifras reflejan un panorama más agrio que dulce. De acuerdo con el informe de la Fundación Forjando Futuros (2016) [4], solo el 3.4% de las peticiones han sido falladas, es decir, de las 87.118 solicitudes presentadas, solo 2.943 han sido resueltas. Ante este panorama, la complejidad y la importancia que tiene esta ley para compensar a las víctimas del conflicto armado, como una medida de justicia transicional, el Observatorio ha decidido intervenir en el debate a través de opiniones, artículos y trabajos académicos, con el fin de hacerle seguimiento a la ley y evaluar su incidencia.

¿Es suficiente la restitución?

La concentración de tierras en Tibú (Norte de Santander) que comenzó con la presión de los grupos armados se consolidó luego por vías no coercitivas o de mercado. Leer más

Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social-ZIDRES-

La iniciativa del gobierno en la ley 1776 de 2016 ha sido ampliamente debatida por varios sectores del país. Desde organizaciones sociales, académicos, políticos reconocidos y medios de comunicación han criticado la propuesta por tratarse, como dicen algunos, de una “ley disfrazada de baldíos”. Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, como su nombre lo indican, pretenden desarrollar el campo colombiano a través de las asociaciones entre grandes y pequeños propietarios, generando inversión en terrenos que han sido de difícil acceso y potenciando el crecimiento en el sector rural. A pesar que las ZIDRES no comprometan la propiedad del predio, cuando de baldíos se trata, el hecho que haya una concesión para su usufructo, plantea un cambio en el régimen de baldíos. Es por esto que desde el Observatorio se ha tratado de realizar una evaluación a la política, con el fin de comprender el impacto y los alcances que tendría en medio de una distribución desigual de la tierra, un catastro precario y una informalidad en la propiedad de un 60%.

"La experiencia de Colombia es que en las asociaciones, los grandes cogen más"

En entrevista con el Observatorio de Tierras, el economista Albert Berry habla sobre el panorama que las Zidres abren en el país. Leer más

Con las Zidres queda todo por hacer

Lea aquí lo que se pierde y lo que se gana con la aprobación de las Zidres en la Corten Constitucional